1.- Reafirmarse en la necesidad de una moratoria que en su día pidió respecto a la aplicación de este Real Decreto.
2.- Solicitar a todas las universidades y comunidades autónomas que no se comience la tramitación de propuestas al amparo de esta disposición hasta septiembre de 2016. El objetivo principal es poder aplicar esta normativa de una forma prudente, evitando la confusión de la sociedad en su conjunto y preservando de este modo la cohesión del sistema universitario español.
3.- Manifestar que, pudiendo considerarse el cambio en la estructura de algunos de los estudios universitarios, es prioritario culminar primero la evaluación de las titulaciones actualmente vigentes. Del mismo modo, consideramos preciso llevar a cabo una profunda reflexión sobre el futuro de la universidad española también en lo referente al modelo de financiación, antes de poner en marcha un cambio que de hacerse con precipitación tendría graves consecuencias para todo el sistema universitario.
4.- Declaramos que la mayor preocupación de la CRUE es la defensa de la calidad de la oferta académica de nuestras universidades, garantizando además una verdadera igualdad de oportunidades para sus estudiantes. Asimismo, consideramos necesario que la sociedad cuente con la suficiente información sobre la nueva oferta curricular de grados y másteres oficiales que pueda derivarse de esta disposición, con el objetivo de asegurar la mejor formación y empleabilidad de nuestros egresados.