Los rectores de las universidades públicas andaluzas se reunieron este martes con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y celebraron una reunión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) para abordar los efectos en Andalucía del decreto de flexibilización de la estructura de grados, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
La Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), donde se encuentran representados los rectores de las diez universidades que conforman el sistema universitario de nuestra comunidad autónoma, ha defendido el aplazamiento de esta reforma. En este contexto, los rectores andaluces y la administración autonómica han compartido la idea de establecer una moratoria activa para poder reflexionar, evaluar y mejorar el actual sistema universitario andaluz.
Para AUPA, esta decisión ofrece estabilidad a la comunidad universitaria andaluza. Un posicionamiento que concuerda con el acuerdo mayoritario alcanzado este pasado lunes por los rectores españoles en la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) en cuanto a la presentación de una moratoria de la reforma de títulos universitarios españoles.
Los rectores andaluces han valorado positivamente la “oportunidad” de la reunión mantenida con la presidenta de la Junta, ya que no podemos olvidar que las competencias de la educación superior están en las comunidades autónomas y, por tanto, se necesita saber cuál es el posicionamiento de cada comunidad autónoma.
Desde la perspectiva de AUPA, el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía este martes es “muy razonable, de sentido común y responsabilidad” porque, ante todo, hay que mantener “la estabilidad académica del sistema”, de ahí la importancia del compromiso expuesto por la presidenta de apoyar la decisión de la moratoria, de respaldar la actual estructura de grados de cuatro años y, por tanto, su financiación, así como la reducción progresiva del coste del crédito de los másteres para su acercamiento al de los grados.
Para la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía se trata de una “moratoria activa” hasta 2017. El sistema universitario español y, en este caso concreto el andaluz, no está en contra de la mejora de la calidad docente. Se apuesta por un aplazamiento activo que permita reflexionar, evaluar y mejorar si fuese necesario. Ahora no es el momento de aplicar las reformas porque las universidades estamos haciendo las primeras evaluaciones de los grados y se carece, por tanto, de perspectiva y de resultados.
A partir de este proceso previsto en la actual normativa de títulos, y que las universidades venimos cumpliendo con rigor, podremos conocer, y no antes, cómo han sido valorados los indicadores y, de acuerdo con sus resultados, proponer las pertinentes medidas de mejora de su calidad docente que, en todo caso y en respuesta solo a criterios académicos, no tiene por qué venir aparejada de una reducción de la duración de nuestros grados de 4 a 3 años.
En consecuencia, ahora lo que se necesita es estabilidad para trabajar con calma, de manera reflexiva y responsable, y para ofrecerle a la ciudadanía lo mejor de nosotros mismos. Por ello, la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía aboga por la estabilidad académica del sistema para, así, no generar incertidumbre y confusión en la sociedad andaluza, para que nuestro alumnado y sus familias sepan exactamente cómo está definido el sistema. Esto nos permitirá ofrecer a la ciudadanía certidumbre y seguir manteniendo la calidad en el sistema que en estos momentos estamos dispuestos a dar.
Además, en la reunión de ayer, los rectores andaluces hablaron también del futuro. Las universidades públicas andaluzas apuestan por la mejora docente de nuestra oferta académica y no es entendible qué motivos han conducido a plantear ahora, sin consenso ni margen de tiempo, esta reforma sin conocer aún la evaluación de un sistema que acaba de implantarse en la adaptación, a partir de 2009, a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior.
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